Apunte: Fallo de la Corte cobro de alquileres | Derecho Privado IV | Abogacia UNLP | | Filadd (2022)

Apunte: Fallo de la Corte cobro de alquileres | Derecho Privado IV | Abogacia UNLP | | Filadd (1)

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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

10130/2015

“G., E. D. c/ G., J. N. s/ Cobro de Alquileres”

Expte. N°: 10.130/2015

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a los días del

mes de febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los

Señores Jueces de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación

interpuesto en los autos caratulados: “G., E. D. c/ G., J. N. s/ Cobro

de Alquileres”, respecto de la sentencia de fs. 140/149 vta., el

Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación

debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara

Doctores: HUGO MOLTENI RICARDO LI ROSI

SEBASTIÁN PICASSO.-

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR.

HUGO MOLTENI DIJO:

1°.- La sentencia de fs. 140/149 vta. admitió

la demanda por cobro de cánones locativos entablada por E. D. G.

contra J. N. G. En consecuencia, fijó en la suma de $ 145.255 el

importe devengado entre los meses de marzo de 2014 y junio de 2018,

con más los intereses a liquidarse según la tasa activa. Para el caso de

incumplimiento de la condena, dispuso aplicar doble tasa activa hasta

el efectivo pago, en concepto de intereses moratorios. Las costas del

juicio fueron impuestas al demandado vencido.-

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA

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Contra ese pronunciamiento se alza en grado

de apelación la parte demandante, quien a fs. 163/164 vta. expresó

agravios, los que merecieron respuesta de la contraparte a fs. 166/166

vta.-

2°.- En las presentes actuaciones la

accionante reclama la fijación de un canon locativo mensual, con

motivo del uso exclusivo del inmueble en el cual habita el

emplazado.-

En la sentencia de grado se recordó que la

actora es condómina en un 55% indiviso del bien sito en la calle

Zelada 5418/5420, Unidad Funcional 1, PB y PA., mientras que el

demandado resulta ser titular dominial del porcentual restante (45%).-

Asimismo, el Sr. Juez a cargo de la anterior

instancia fijó un canon locativo de $ 3.700, desde el mes de marzo de

2014 hasta marzo de 2017 (por la titularidad que detenta, la actora

resultaría acreedora de $ 2.035 mensualmente). Estableció el valor

ulterior en $ 7.500 desde abril de 2017 (fecha a la cual fue estimado el

canon por el perito tasador designado en la causa, fs. 117/117 vta). De

acuerdo a esta última cifra, a la demandante le correspondería por ese

período un importe mensual de $ 4.125.-

3°.- De manera inicial, la actora se agravia

por haberse computado su reclamo desde el 13 de marzo de 2014

(fecha de la tercera audiencia de mediación a la que concurrió el

emplazado). Indica que su voluntad de exigir el pago de lo adeudado

fue exteriorizada con anterioridad, al presentarse la mediación oficial

el 28 de noviembre de 2013 ante la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Civil. Por tal motivo, habiéndose incorporado a fs. 2/12 los

originales que dan cuenta de esa presentación, solicita que este

Tribunal de Alzada, retrotraiga a ese momento el punto de partida de

su requerimiento.-

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: HUGO MOLTENI, JUEZ DE CAMARA

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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

A su turno, el emplazado resiste el progreso

del agravio, por las razones que brinda en su presentación de fs.

166/166 vta.-

Sobre este primer aspecto del debate, cabe

remarcar que el Sr. Juez “a-quo” determinó que los cánones locativos

pretendidos deben ser contabilizados a partir de la tercera audiencia

de mediación, por haber sido esa la primera oportunidad en que el

demandado tomó conocimiento fehaciente del reclamo.-

No dejo de advertir la intención de la

actora de retrotraer en algunos meses el inicio del crédito reconocido

en la sentencia de grado. Empero, es preciso mencionar que la

interpelación, como acto jurídico unilateral, es un requerimiento de

pago, sin que resulte menester que el acreedor amenace con la

promoción de demandas. En tal sentido, se limita a hacer saber al

deudor qué es lo que exige. Asimismo, espera de él el cumplimiento

de sus obligaciones y tácitamente le advierte que si no cumple, hará

valer sus derechos por vías legales. La exigencia debe ser precisa e

interpelativa. Si bien no se requiere de formalidades especiales, es

importante, para atribuirle efectos, contar con la seguridad de que su

contenido fue conocido por el interesado, pues en caso de duda debe

ser desechado al efecto de la interpelación constitutiva de la mora. Tal

requerimiento exige una voluntad recepticia, de manera que debe

llegar a conocimiento del deudor interpelado (conf. CNCiv., Sala H,

“Creo, Ricardo y otros c. Creo, Carlos Alberto” del 6/7/2010,

Publicado en: DFyP 2011 (marzo), 132, Cita online:

AR/JUR/46182/2010; íd. esta Sala, voto del Dr. Li Rosi en autos

“Cavallaro, Juan José c/ Cavallaro, Luis Alberto s/división de

condominio” del 22/08/2016 ).-

En consecuencia, habré de coincidir

con el criterio del anterior juzgador y considerar que no hay

constancia alguna en el proceso que indique que el accionado fue

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

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intimado al pago de un canon locativo con anterioridad a la

celebración de la tercera audiencia de mediación. Ello así, en la

medida que los dos primeros encuentros fueron llevados a cabo sin su

comparecencia. Las primeras misivas no indicaron el contenido del

reclamo. Tampoco se consignó cuáles eran específicamente los

motivos y/o los conceptos por los cuales era convocado a una

instancia prejudicial. En otros términos, la oportunidad inicial en que

pudo tomar conocimiento el emplazado de la pretensión de la

contraria, fue esa tercera audiencia de mediación referida por el Sr.

Juez de grado.-

Cabe recordar que una obligación sin

plazo requiere la previa constitución en mora del deudor, sea mediante

la notificación del traslado de la demanda, o bien, con un

requerimiento extrajudicial apto (conf. Greco, Roberto Ernesto “La

mora del deudor en la reforma de 1968”, p. 41, ap. X), punto d) y

jurisprudencia citada bajo el n° 91).-

En un caso similar, se decidió que el

canon locativo correspondiente al uso exclusivo de un inmueble sujeto

a condominio debe fijarse desde la fecha de notificación de la

demanda de división y no desde la primera citación a mediación, pues

en la etapa prejudicial prevista en la ley 24.573, el reclamante

simplemente formaliza una pretensión que no constituye técnicamente

una demanda, la cual sólo está configurada por la iniciación del

proceso judicial (conf. CNCiv., Sala E, “Saralegui, Marta Catalina c.

Sustas, Miguel Ernesto” del 9/2/2010, Publicado en: JA 2010-II , 54,

Cita online: AR/JUR/1352/2010).-

Sin embargo, el demandado consintió

que el cómputo de los arriendos adeudados sea contabilizado a partir

de esa tercera audiencia de mediación. En consecuencia, a fin de no

vulnerar el sentido del recurso, ni consagrar una reformatio in pejus,

propongo confirmar este aspecto del pronunciamiento apelado.-

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

De tal suerte, las quejas de la actora no

serán receptadas.-

4°.- Desde otro ángulo, la demandante

se agravia en cuanto se computó durante varios años el mismo canon

locativo ($ 2.035), sin sujetarlo a ningún tipo de actualización. Indica

que esa cifra debió ajustarse mes a mes, pues de lo contrario se

favorecería al deudor, al quedarse en el inmueble sin abonar arriendo

alguno.-

Con respecto al yerro que indica la

quejosa en su presentación, resulta evidente que la sentencia registró

un simple error de tipeo al consignar a fs. 147 vta. el mes de “junio de

2016”, pues la parte dispositiva y el restante contenido del

pronunciamiento apelado hacen alusión al mes en curso en que la

decisión de primera instancia fue dictada, es decir, “junio de 2018”.

Por tal motivo, la deuda judicialmente reconocida debe entenderse

comprendida entre el 13 de marzo de 2014 (fs. 4) y el 29 de junio de

2018.-

En punto al monto de la deuda, también

habré de sugerir a mis colegas la desestimación de esta queja, en la

medida que el argumento brindado sólo luce como un disenso con la

cifra reconocida en la precedente instancia. Además, advierto que a

partir del mes de abril de 2017 el Sr. Juez de grado fijó un nuevo

canon locativo, actualizado, con lo cual no puede alegarse que se tuvo

en cuenta una cifra estanca. Tampoco cabe soslayar que la sentencia

estableció que a cada crédito de la demandante “se le deberán aplicar

los acrecidos correspondientes a cada mes” (tasa activa), por lo cual

quedaría así compensada la falta de actualización alegada por la

apelante.-

A todo evento, he de añadir que no se trata

de establecer el importe correspondiente a un alquiler inmobiliario

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

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similar a un valor de mercado, sino de indemnizar a la actora a raíz de

la privación de uso del bien a la cual se vio sometida.-

Como corolario de ello, si mi opinión es

compartida, propongo rechazar el recurso interpuesto en lo atinente a

este aspecto de la decisión adoptada.-

5°.- Para culminar, la accionante sostiene

que en la suma de $ 145.255 que le fue reconocida en el

pronunciamiento apelado, no se encuentra incluído el cálculo

indemnizatorio con el nuevo canon locativo ($ 4.125, cifra

proporcional correspondiente a la actora desde abril de 2017).-

Estas críticas también merecerán su

desestimación ante esta Alzada, pues tras efectuar el pertinente cálculo

matemático se advierte que no le asiste razón a la demandante. El

importe final antes aludido contempla los dos cánones locativos

fijados por el Sr. Juez de grado, durante el período ut-supra invocado.-

De modo que, por resultar desacertado el

planteo de la demandante, correspondería denegar el tercer agravio

formulado.-

6°.- En síntesis, voto por rechazar las críticas

de la parte actora, por lo cual se confirmaría la sentencia apelada, en

todo lo que decide y fue motivo de agravios.-

Las costas de Alzada debean ser soportadas

por la actora, pues el principio general de la derrota consagra que los

gastos causídicos deben ser afrontados por la parte perdedora (art. 68,

primer párrafo, del Código Procesal).-

El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo

sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr.

Hugo Molteni.-

El Dr. Sebastián Picasso no interviene por

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).-

Con lo que terminó el acto.-

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

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#24718302#224898630#20190212104340371

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA A

Es copia fiel de su original que obra a fs.

del Libro de Acuerdos de la Sala “A” de la Excma. Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, febrero de 2019.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el

acta que antecede, se desestima el recurso de apelación interpuesto por

la accionante y se confirma la sentencia de fs. 140/149 vta.-

Con costas de Alzada a cargo de la actora.-

Atento lo decidido precedentemente

corresponde entender en los honorarios fijados en la anterior

instancia.-

Ello así, a fin de valorar los trabajos

realizados en autos por los beneficiarios de la regulación, la ley

27.423 instituyó la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) para

cuantificar los honorarios profesionales de los abogados, procuradores

y auxiliares de la Justicia.-

En esta inteligencia teniendo en cuenta

los términos de la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación 27/18, monto de la condena más sus intereses, de

conformidad con lo establecido por los artículos 1, 3, 16, 19, 20, 21,

24, 29 y 59 de la ley arancelaria, como así también la índole de la

labor desplegada por los profesionales, corresponde confirmar los

honorarios, atento al alcance de los recursos, del Dr. A. M. C.

equivalente a la fecha de este pronunciamiento a 5.36 UMA, los del

perito tasador D.F. Y. equivalente a 5.96 UMA, y los del mediador

interviniente Dr. G. F. A.-

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

Firmado por: RICARDO LI ROSI, JUEZ DE CAMARA

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#24718302#224898630#20190212104340371

Por su labor en la alzada, que diera

lugar al presente fallo se fijan los honorarios del letrado de la parte

actora Dr. H. H.S. en 6.41 UMA equivalente a la fecha de este

pronunciamiento a PESOS ONCE MIL ($11.000), y los del letrado

de la demandada Dr. A. M. C. en 1.74 UMA equivalente a la fecha de

este pronunciamiento a PESOS TRES MIL ($3.000) (arts. l, 3 y 30

de la ley 27.423).-

Notifíquese en los rminos de las

Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes, comuníquese a la Dirección

de Comunicacn blica de la C.S.J.N. en la forma de práctica y

devuélvase.-

HUGO MOLTENI

2

RICARDO LI ROSI

1

Fecha de firma: 08/02/2019

Alta en sistema: 28/02/2019

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Author: Dan Stracke

Last Updated: 10/24/2022

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